COMUNICADO PUBLICO
Los presos políticos recluidos en la prisión de
Palmira-Valle hacemos pública nuestra voz de protesta frente a los atropellos y
anomalías que sufrimos a diario, no solo de esta prisión, sino de todo el país.
El gobierno, los legisladores del congreso, operadores
judiciales, son responsables de la catastrófica situación por la que
atravesamos los presos colombianos que hemos sido encorralados en las 160
mazmorras que recuerdan los tiempos de exterminio del nazismo.
El desbordado hacinamiento en las prisiones se debe a que
la política criminal y el sistema penal han sido diseñados no para resocializar
a los infractores de las leyes si no, para infringir castigos a los opositores
al régimen y a los que por necesidad o ignorancia atentan contra el bolsillo y
los bienes de los ricos y los intereses de las empresas que saquean los
recursos de nuestro país.
En la mayoría de las prisiones el hacinamiento llega al
300%, que además de las condiciones indignas de vida, de higiene, de
alojamiento, se suma la desidia y la falta de personal del IMPEC quedando los
presos abandonados en corrales y sin saber que hacer para acceder a sus
derechos.
La rama judicial es una fabrica macabra de presos,
pareciera que les pagan su salario según el número de condenados, generando mas
y mas hacinamiento, el que se agudiza por la acción cómplice y omisiva de
directivos y funcionarios del IMPEC que ahora someten a subasta los permisos
para trabajar y descontar pena, que demoran meses y años los tramites y
procedimientos para los beneficios jurídicos y administrativos, por la acción
policiva y carcelaria de los jueces de ejecución de penas, que tratan a los
presos con odio, como si fueran sus enemigos personales, negando las pocas
leyes de descongestión, como el 10% de la ley de justicia y paz, la prisión
domiciliaria o la libertad condicional.
La vida en prisión se ha convertido en una tragedia, sin
servicio de salud, sin alimentación adecuada, sin fuentes de trabajo, mientras
se enriquecen las pandillas de contratistas como CAPRECOM y los que suministran
la comida.
Sobre los teléfonos, el IMPEC tiene como detectar los
extorsionistas; lo que en verdad les duele es que los presos no usan sus
teléfonos cuyas tarifas son usureras porque los contratistas son revendedores
de minutos y son a altos directivos del mismo IMPEC, debido a los altos costos
es que los presos buscan como comunicarse con sus familias de manera económica
?sea a como vale el servicio en la calle, como lo cobran los operadores que
controlan este mercado.
La crisis carcelaria no solo afecta a los 130.000 presos,
sino a su entorno que abarca 1?200.000 colombianos. Se requiere de una acción
inmediata del Estado que le baje la presión a la situación antes de que se
produzca un estadillo social.
Es hora de que mediante decreto presidencial, para
superar esta crisis de hacinamiento, se otorgue a todos los presos una rebaja de
un 20% de las condenas y se le ordene al IMPEC y a los jueces de penas su
acatamiento.
No olviden los gobernantes, legisladores, operadores
judiciales y dueños del país que las penas desproporcionadas y las condiciones
inhumanas y humillantes de prisión, solo generan más rencor y resentimiento y
siguen deslegitimando este régimen corroído por el gansterismo y la corrupción.
Nos unimos a la gran jornada nacional de protesta que ya
comenzó en algunas prisiones, las que se irán agrandando hasta lograr por la
presión de todos los presos y del pueblo en general que se deshacinen las
prisiones por medio de una rebaja del 20% las condenas.
LOS PRESOS POLITICOS NO SOMOS DELINCUENTES, SOMOS
LUCHADORES DEL PUEBLO.
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