Condenado Joaquín Pérez Becerra a 8 años de cárcel
Una condena contra la libertad de expresión
Por César
Jerez / Lunes 17 de septiembre de 2012
Joaquín Pérez Becerra fue condenado por el juez séptimo penal del
circuito de Bogotá por “incurrir en el delito de concierto para delinquir
agravado”, el mismo juez lo absolvió por el delito de financiación del
terrorismo.
Según el abogado Rodolfo Ríos, se
presentaron serias irregularidades en este proceso, ya que se utilizaron
pruebas de la Operación Fénix que fueron declaradas ilegales por parte de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados indicaron que apelarán
el fallo proferido por el juez de la República y que llegarán a las últimas
instancias judiciales para demostrar la inocencia de Joaquín Pérez.
Joaquín Pérez Becerra es un
comunicador, director y editor de la Agencia de Noticias Nueva Colombia
-ANNCOL. Es un perseguido político de siempre, sobreviviente del genocidio
contra la Unión Patriótica que dejó a miles de compatriotas asesinados por el
terrorismo de Estado. Por esa persecución se vió obligado a salir del país a finales
del año 93, en calidad de exiliado hacia Suecia, país que le otorgó
posteriormente la ciudadanía.
El 23 de abril
de 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando
ingresaba a Venezuela procedente de Alemania. La captura se efectuó por un
supuesto requerimiento de la Policía Internacional (INTERPOL).
El día 25 de
abril de 2011, el Estado venezolano extraditó irregularmente a Joaquín hacia
Colombia por petición del presidente Juan Manuel Santos, violando así los
derechos que tiene Joaquín como refugiado político.
YA EN COLOMBIA JOAQUÍN AFRONTÓ un proceso por concierto para
delinquir y financiación de grupos terroristas, cargos basados en pruebas que
incautaron sin cadena de custodia las fuerzas armadas en el computador del
abatido comandante guerrillero Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano durante la
Operación Fénix. Pruebas que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
fallo del 18 de mayo de 2011, declaró
ilegales. Joaquín se encuentra recluido en el establecimiento de orden
nacional (ERON La Picota) de Bogotá.
Desde La Picota
física y pública Joaquín acaba de manifestar que su condena obedece a “un fallo
político que demuestra que la justicia colombiana no es independiente,
aceptando pruebas amañadas, extemporáneas y contaminadas de la fiscalía. Es un
atentado contra la libre expresión y al derecho a la sociedad a estar
objetivamente informada. Invito a los medios alternativos a no dejarse
intimidar por este fallo emitido por el juez 7 especializado. No soy un
criminal, soy un prisionero de conciencia que siempre me he opuesto a las
desigualdades sociales y al terrorismo de Estado en Colombia. Con entusiasmo
saludo el compromiso del gobierno de Santos y las Farc para transitar por
caminos del diálogo hacia una paz estable y duradera”.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, de comunicar, de conciencia, como derecho
político, debe estar en el centro de las conversaciones de paz que Joaquín
Pérez saluda desde la fría prisión. Precisamente será este proceso el que
deberá garantizar la inclusión política, fundamental para el ejercicio de la
política en la transición que todo el país anhela. Desde acá nuestra
solidaridad para Joaquín y los miles de presos políticos colombianos, para
todas y todos ellos exigimos libertad.
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