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| GRI acusado por brutalidad y ladrón |
Arremetida
hoy contra los presos en ENRON en la cárcel de La Picota
ANNCOL
BOGOTA
/ 2012-10-15 / El Grupo de Reacción Inmediata, GRI, conocido por su brutalidad
en las cárceles colombianas, arremetió esta mañana contra los presos en la
sección ENRON en la cárcel de La Picota, al sur de Bogotá.
– Los agentes del GRI
entraron y comenzaron a tirar y dañar ropas, pertinencias y cosas que tenemos
los presos en nuestras celdas. Hasta consumieron golosinas o alimientos que los
presos tenemos.
La denuncia hace Joaquin
Pérez, director de ANNCOL y recientemente sentenciado en la primera instancia a
ocho años de cárcel en un montaje judicial sin precedentes por presuntas
relaciones con las FARC.
El compañero sugiere, dos días
antes el comienzo del proceso de paz en la capital noruega, al presidente
JMSantos de revisar el tratamiento de ese cuerpo represivo, abusivo y ladrón
del El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario , INPEC.
– Si la meta del gobierno
de Santos es demobilizar a la guerrilla, entonces debería también desmobilizar
el GRI, agrega el compañero antes que se corta la comunicación.
Noticia en desarrollo. . . .
1)
Leer más:
“La
cárcel no es un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del
poder”. Escribe JOAQUÍN PÉREZ BECERRA
desde las mazmorras de la cárcel La Picota, nota hecha el año pasado. Leer
más.
Sobre la negativa del régimen colombiano
de no dar permiso de visitar a los presos guerrilleros
Colombia: ¿Hay presos políticos y en que
condiciones sobreviven?
• Ejemplo a NO seguir: Los
“DD.HH” del presidente Santos
• Santos rechaza visitas a los
presos guerrilleros como condición para que las FARC liberen diez militares
capturados en combate
Por
Dick Emanuelsson e Ingrid Storgen (revisión y transcripción)
 |
| El abogado Enrique Santiago. |
“Se pretende invisibilizar el
problema, no hablar de esta realidad y no hablar de las difíciles condiciones
de reclusión que padecen estas personas”, dice el abogado español Enrique
Santiago que acaba de visitar las cárceles de Colombia. Convoca a la comunidad
internacional para que visibilice las infrahumanas condiciones en que se
encuentran los presos políticos y en especial los presos guerrilleros en las
cárceles colombianas.
MADRID
/ 2012-03-18 / La guerrilla de las FARC propuso, como condición para liberar a
diez oficiales militares y policías, se otorgue a Mujeres del Mundo por Paz,
permiso para realizar una visita humanitaria a los prisioneros políticos y de
guerra en los centros penitenciarios de Colombia.
El régimen de Juan Manuel
Santos, en su total falta de voluntad para encontrar un camino que lleve a la
paz, ni siquiera reconoce que existen más de 7500 presos políticos y nuevamente
baja la cortina cerrando paso a un acuerdo mínimo sobre los prisioneros y su
situación.
El panorama por un avance,
aunque fuera un paso pequeño, que llevara hacia una apertura de paz en
Colombia, se volvió de nuevo oscuro. La guerrilla de las FARC ha presentado
varias nuevas propuestas para avanzar en la negociación, anunciando la
inminente liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder.
El gobierno de Santos, haciendo
un peligroso como inhumano juego perverso, salió a decir que la guerrilla debe
dar “más muestras de interés por la paz”, lo que se interpretaría como un
llamado a la capitulación absoluta.
EL
ANUNCIO GUERRILLERO DE ENTREGAR los últimos diez prisioneros de guerra en su poder, con la
única exigencia que algunos de los 1000 guerrilleros en prisiones estatales
pudieran recibir la visita de la organización Mujeres del Mundo por la Paz,
liderada por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, no cayó bien en la casa
presidencial de Bogotá.
– Confío en que el gobierno
colombiano de Juan Manuel Santos permitirá la visita a guerrilleros presos”,
sostuvo primero en su cuenta en Twitter y agregó; “creemos que estamos en la
capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las cárceles”.
Sin embargo, el ministro de
Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado 6 de marzo, en sendas cartas
dirigidas a la ex senadora Piedad Córdoba y a varios congresistas, expresó su
decisión de remitir al despacho del presidente Juan Manuel Santos la solicitud
para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de
los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a diferentes penales
del país.
Es más, en la comunicación el
ministro se mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el
sentido de que tales visitas tendrían como objetivo a los 'presos y presas
políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en Colombia-
y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el
Gobierno la hubiera autorizado para ello”.
Es decir, pretextos
administrativos para dilatar e impedir la aplicación de los derechos de los
presos políticos.
EL
ARGUMENTO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS en esa situación, viene de la posición del régimen
colombiano que niega la existencia de un conflicto social y armado pese a su
medio siglo de existencia. El sábado pasado, el mismo día que el régimen
rechazaba la petición de las mujeres, liderada por Piedad Córdoba, fueron
abatidos 13 militares de las Fuerzas Especiales de la Contraguerrilla del
Ejército en el departamento de Arauca.
Fue un golpe contundente por
parte de las FARC que sólo es uno entre una cantidad innumerable de combates
entre el ejército y la guerrilla en los últimos meses. Según el coronel que
dirigía la tropa, fue un combate con fusiles y no en un campo minado o con
bombas guerrilleras en donde fueron neutralizados los profesionales militares.
El golpe militar guerrillero
confirma la intensidad del conflicto armado pero el régimen no da señales de
voluntad para llegar a un arreglo político con la guerrilla. Esta ha resistido
el reforzamiento de las fuerzas militares que han crecido, aún durante el Plan
Colombia de la última década y que hoy cuenta con 500.000 militares en pie de
guerra contra una guerrilla que logra recomponerse y reforzarse pese a la ayuda
extranjera con que cuenta el estado, principalmente de Estados Unidos e Israel
que aportaron aviones y equipamiento de inteligencia a las FF.MM. colombianas.
EN
ESA GUERRA, COMO EN TODAS,
muchas veces han sido capturados en combate militares y policías que el estado
denomina “secuestrados o rehenes de la insurgencia”, dando muestras de la
pretensión de invisibilizar el verdadero problema allí existente. Cuando la
guerrilla intenta un diálogo de negociación, solicitando el permiso para que la
Comisión de Mujeres pueda visitar a los presos guerrilleros en las cárceles
colombianas, ése le es denegado utilizando el falso argumento de que “en
Colombia no hay presos políticos”.
El reconocido abogado español,
asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en
los Establecimientos Carcelarios”, Enrique Santiago, acaba de regresar de un
viaje a Colombia donde visitó la cárcel de alta seguridad de la ciudad de
Jamundi en el departamento del Valle. Allí pudo constatar las condiciones
infrahumanas que padecen los presos políticos y los presos de guerra y los
sociales.
A
CONTINUACIÓN PARTE DE LA EXTENSA ENTREVISTA AL DOCTOR ENRIQUE SANTIAGO SOBRE EL
CASO CARCELARIO COLOMBIANO:
Dick
Emanuelsson (DE):
Acabas de regresar de Colombia donde estuviste con una delegación
internacional. Acompañaste al congresista Iván Cepeda y entraron a la cárcel
para ver la situación en que se viven, no sólo los presos políticos, sino
todos. ¿Qué puedes decirnos de eso?
Enrique
Santiago (ES):
El cambio implementado en el sistema penitenciario colombiano durante el
anterior gobierno de Uribe fundamentalmente ha consistido en recortar aún más
los derechos que deberían tener los presos, tanto sean presos comunes como los
más de 8000 presos políticos de los cuales apenas 1000 son prisioneros de
guerra. El resto de presos políticos no son personas que hayan intervenido en
el conflicto armado sino que son víctimas de montajes judiciales, militantes
sociales, de organizaciones de mujeres, sindicales, comunales, estudiantiles.
Lo primero que hay que decir es
que la firma de los acuerdos de colaboración entre la Autoridad Penitenciaria
Colombiana -INPEC- y el Buró Federal Penitenciario de los Estados Unidos, ha
supuesto un endurecimiento de las condiciones de reclusión y de las condiciones
que tienen que soportar no sólo los reclusos sino sus familiares. Se han
construido cárceles de alta seguridad, denominados ERON (establecimientos de
reclusión de orden nacional), con tantos y tan graves defectos estructurales y
tan altos costes, que indica que han sido obras que se utilizaron para desviar
recursos públicos del estado.
Llama la atención por ejemplo,
la cárcel de alta seguridad que yo visité, la de Jamundí, en el Valle, que fue
inaugurada hace apenas un año y medio, las propias autoridades de la cárcel
hablaban de veintisiete defectos estructurales que en muchos casos no son
menores. Por ejemplo, en el denominado módulo uno que es el de los sindicados y
es el más grande de la prisión, las duchas se construyeron sin desagüe. Ello
provocaba que la gente no se pudiera duchar, la humedad excesiva provocaba,
entre otras cosas, hongos en el cuerpo. Recibimos denuncias de que eso fue la
excusa durante mucho tiempo para que aún con las altas temperaturas, a la gente
no se le permitiera ducharse.
La propia directora de la
cárcel nos seguía hablando de las veintisiete fallas estructurales, eso ha sido
lo que evidenciaba que la política de seguridad democrática fuera utilizada
también, como muchas cosas en Colombia, para que los socios, amigos y
funcionarios amigos de Uribe desviaran del patrimonio público todos los
recursos que pudieran o más.
Al margen de esto en Colombia
hay una gravísima situación que pasa desapercibida y es que de hecho existe la
prisión perpetua, porque la reforma del sistema penitenciario realizada en el
período de Uribe permite el cumplimiento efectivo de penas de hasta 60 años, lo
cual equivale a una cadena perpetua, pena prohibida por la legislación
internacional por ser una pena inhumana, cruel, despiadada.
DE:
Es la misma queja que realizan los familiares y organismos de derechos humanos
no sólo allí sino también aquí, en España, con el caso de los etarras.
ES: Claro, aquí también en el caso
de ETA, en determinadas actuaciones, la condena puede llegar a ser, en delitos
con múltiples resultados de muerte, de 40 años, que es una exageración de
condena, y que hasta hoy, afortunadamente, han sido casos contados los que se
han aplicado esas penas tan altas y degradantes, inhumanas. De hecho una
persona que se ha condenado con 20 años no va a salir nunca de la cárcel en el
caso de aplicarle un cumplimiento de 60 años de condena, o incluso mucho menos.
Es una condena a muerte en vida, no una medida de resocialización.
Pero al margen de eso hay un
tratamiento diferencial y de negación de derechos principalmente para los
prisioneros políticos, estas prisiones obligatoriamente tienen que tener un
reglamento por el cual se sancionen comportamientos contrarios a las normas de
convivencia, pero en este caso no son conocidos ni por los internos ni por los
abogados. Se vulnera el principio de legalidad que obliga a que cualquier norma
de aplicación sea conocida por los destinatarios. Esto a su vez posibilita
cualquier tipo de arbitrariedades, por ejemplo, a la hora de repartir los
útiles de higiene personal o de alimentación hay un trato diferenciado entre
los prisioneros de índole común y los políticos. Incluso dentro de los
prisioneros comunes hay diferencia en función a la actitud de colaboración o no
con la autoridad penitenciaria.
Pudimos constatar la existencia
de castigos que son claramente castigos inhumanos, crueles o degradantes,
torturas, módulos de reclusión donde apenas cabe el interno sentado en
cubículos estrechos donde es imposible dar un solo paso y donde permanecen en
aislamiento hasta dos meses por infracciones de índole administrativo. Como en
un caso que pudimos comprobar por llevar la contra a la directora de la prisión
una interna fue enviada a esta situación por dos meses.
En cuanto al contacto bis a bis
de los internos entre sí o con sus familiares la restricción efectiva; o el
traslado de hombres y mujeres juntos cuando está terminantemente prohibido; o
la reducción de tiempo de las visitas, la dificultad para acceder a estos
permisos, así como es de notar el especial maltrato y humillación para con las
visitas familiares o con los hijos menores de edad.
Los niños son sometidos a todo
tipo de controles en las entradas, incluso muchas veces padecen hasta maltrato
físico, de forma tal que hasta los propios menores están renunciando a asistir
a las visitas por la humillación a la que son sometidos.
Todo esto hay que sumarlo a los
problemas que suceden a las fallas estructurales, por ejemplo las celdas sin
ventanas, al carecer de cristales cuando llueve se les inundan las celdas, se
llenan de alimañas, la caza de las culebras es un entretenimiento habitual con
los peligros que ello entraña.
La crueldad es norma en las
prisiones donde no se aplican medidas de remisión de condena por trabajo, o
donde se niega al interno la posibilidad de estudiar, conforme a programas para
resocialización de las conductas. El sistema carcelario se convierte en un mero
mecanismo punitivo, de castigo, que no busca sino la reducción hasta la
servidumbre o la anulación de la persona del interno.
DE:
Se supo recientemente de la muerte de dos miembros de la guerrilla, por falta
de atención médica.
ES: Responde a la negación
sistemática de asistencia a la salud de los presos políticos y no solamente de
ellos. Cuando llegamos a la cárcel la directora nos iba a enseñar la enfermería,
pero se equivocó y nos enseñó un almacén. Parecía que ella no conocía donde
estaba la enfermería.
La prisión de Jamundí tiene
alrededor de 4000 presos y presas, que la directora no sepa donde está la
enfermería es increíble, pero explica, por ejemplo, que cuando llegamos a la
enfermería lo único que había eran tres camillas sin instrumental, ni médicos
ni enfermeros. Nos reconocieron que tenían serios problemas de falta de
plantilla.
Se da el caso de enfermos
incurables, por ejemplo con distintos cánceres, que carecen de atención cuando
en otras partes del mundo eso sería motivo para que se adopte una medida de
libertad condicional. En Colombia no es así, se les niega hasta la asistencia
sanitaria y cuando logran acceder a esa atención la queja recurrente es que se
les niegan informes de los resultados de las pruebas médicas. Con lo cual ellos
no tienen conocimiento de lo que realmente necesitan.
Todos los presos nos indicaron
esa negación de informes, lo cual imposibilita además que busquen ayuda entre sus
familiares.
DE:
¿En la prensa colombiana eso se refleja, se informa de estas situaciones?
ES: No, la prensa directamente
invisibiliza estas cuestiones y estamos en momentos en que las FARC han venido
liberando unilateralmente a la practica totalidad de los prisioneros de guerra
en su poder, como medida de intercambio humanitario sin contrapartida, lo que
acredita una voluntad de paz.
No sólo han liberado a los
prisioneros que tenían en su poder, militares, policías, miembros de las FF.MM
ahora acaban de anunciar la liberación incondicional de todos los prisioneros y
sin embargo no hay una correspondencia por parte del estado, se pretende
invisibilizar este problema. Se trata de no hablar de la situación de los
reclusos.
Esto pone de manifiesto que la
comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para conseguir hacer
visible este problema en Colombia. Que se conozca la situación de los presos
políticos, la situación de las cárceles y muy especialmente la situación de los
prisioneros de guerra en poder del estado.
De acuerdo a la Tercera
Convención de Ginebra los miembros de las FARC o el ELN apresados en combate,
vestidos con sus uniforme, respondiendo a una cadena de mando, no hay discusión
jurídica posible que deben tener un trato especifico como prisioneros de
guerra, diferenciado al de los presos comunes. Es más, no deberían estar
siquiera en las prisiones sino en establecimientos ex profeso para prisioneros
de guerra.
Pero al menos, aunque esto no
se cumpla, que la comunidad internacional conozca lo que padecen estas personas
por negación de sus derechos humanos básicos, No hay correspondencia por parte
del estado colombiano a las medidas de la insurgencia de liberación de los
prisioneros de guerra en su poder. El estado colombiano esta siendo incapaz de
actuar con reciprocidad, liberando presos políticos y/o de guerra, o al menos
mejorando sus condiciones de reclusión y permitiéndoles disfrutar de algunos
del los derechos básicos de cualquier persona privada de libertad por cualquier
estado, como el derecho al estudio o a la atención sanitaria. Pretenden no
hablar de la situación de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles
de Colombia, invisibilizarla, obviando que Colombia es el único país del mundo
con un conflicto armado interno reconocido en su legislación, que se niega a
reconocer la existencia de prisioneros de guerra, hechos en el conflicto, y en
poder del estado.
DE:
Esa fue la respuesta que dio también el ministro del interior, al decir que en
Colombia no hay presos políticos.
ES: En el Foro por los Presos
Políticos se constituyó una comisión internacional de verificación de la
situación de los presos políticos. Esta comisión está compuesta por las mujeres
ilustres que han venido realizando el intercambio epistolar entre Colombianos y
Colombianas por la Paz, las FARC y el ELN respecto a la finalización del
conflicto, y las posibles medidas de humanización del conflicto incluida la
liberación de los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia.
El argumento que dio a estas
mujeres, el Ministerio de Justicia, era que consideraban que en Colombia no
había presos políticos, y menos de guerra, porque no había. Sin mayor
argumentación.
Una semana después se anuncia,
en supuestas declaraciones de la senadora Piedad Córdoba, una excusa vil para
negar el retiro de todas las autorizaciones para realizar la visita a los
prisioneros. Con esto queda visible que se vuelve a negar la realidad del
conflicto que vive el país.
Como si todo este juego
perverso fuera poco, hemos tenido conocimiento de la existencia de una huelga
de hambre de los internos en la cárcel de La Picota, como demanda de mejores
tratos en su cautiverio.
Por mucho que la autoridad
colombiana quiera tapar la realidad, el problema existe, va a ser llevado a la
comunidad internacional para que sea conciente de la negación de los derechos
humanos que padecen los reclusos en las cárceles colombianas.
Se trata de exigir que las
autoridades cumplan la legislación internacional, no es más ni menos que lo que
les corresponde. El conflicto social y armado en Colombia existe, no se puede
permitir que se lo omita y mucho menos que se lo minimice.
